4 MAR 2026 - 19:08 CET

El martes 3 de marzo se llegaba a un acuerdo entre la Comunidad de Madrid (CM) y la Conferencia de Rectores/as de las Universidades públicas de Madrid (CRUMA) por el que se anunciaba un plan de financiación plurianual de 2026 a 2031 por cerca de 14.800 millones de euros.

La letra pequeña enseguida trajo la decepción: de esta cantidad, 2.500 millones de euros (un 17%) han de proceder de ingresos propios de las universidades. Se incluía además en ella el capítulo de precios y tasas públicas (alrededor de un 33%) y otros conceptos menores que finalmente, y a falta de poder conocer públicamente el plan en detalle, parecen dejarlo en las cifras tristemente esperadas: la transferencia nominativa de la CM a las universidades públicas será de 1.646 millones de euros en 2031. Si hoy esta consiste en 1.166 millones, supondría estancarnos en una financiación pública del 0,4% del PIB, muy lejos del mínimo al que mandata la LOSU, del 1% del PIB, para acercarnos a la media europea.

En el caso de la UCM, por lo que ha trascendido, este plan no implicaría además la suspensión del Plan Económico y Financiero. Es evidente que todo acuerdo que no suponga el fin de los recortes es un mal acuerdo.

Por todo ello, los motivos para suscribir y hacer pública la carta aprobada por la Junta de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM el pasado viernes 27 de febrero no solo se mantienen, sino que se agudizan.

Carta abierta al Rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache

Se solicita al Rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que reclame judicialmente a la Comunidad de Madrid (CM) por el daño derivado de la falta de financiación, que supone tanto un daño económico como reputacional a la UCM. Con ello se está obstaculizando gravemente la prestación de un servicio público orientado a garantizar el derecho constitucional a la educación pública y a la promoción de la ciencia en beneficio del interés general. 

Al decidir dejar de financiar adecuadamente a las universidades públicas madrileñas, el gobierno de la CM incumple la legislación básica del Estado, que en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) reclama la autonomía económica y financiera de las universidades, mandatando a las Administraciones Públicas a dotarlas “de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia financiera”. En este texto legal se llega a establecer un objetivo de crecimiento de la financiación pública del 1% del PIB para 2030 mediante un plan plurianual. En la actualidad la financiación de la Comunidad de Madrid a las universidades públicas se encuentra estancada en el 0,4% del PIB, una situación que no ha variado tras los últimos presupuestos regionales.

De igual manera, la cuantía del daño materializado deriva del incumplimiento de la financiación estructural basal o esencial. Según se detalla también en la LOSU, esta comprende las partidas necesarias para la prestación adecuada de un servicio público y de calidad, en particular “para cubrir las necesidades plurianuales de gastos de personal, incluyendo los gastos de los planes plurianuales de estabilización de las plantillas, gastos corrientes en bienes y servicios y de inversiones reales, la investigación estructural y las inversiones para garantizar la sostenibilidad medioambiental de las universidades”.

Más aún, la defensa de la UCM y su singularidad debería garantizar asimismo una financiación suficiente por necesidades especiales. Esta incluye, siguiendo aquí nuevamente la LOSU, la derivada de “infraestructuras singulares, de patrimonio cultural o artístico o el tamaño de las Instituciones”, aspectos todos ellos que concurren de manera significativa en la UCM.

La ausencia de esta financiación suficiente responde a una voluntad política manifiesta de demolición de un servicio público educativo fundamental, construido durante décadas por varias generaciones, y que en el caso de la UCM se ceba con la universidad presencial más grande de España. Este ataque se traduce en la vulneración de derechos laborales de la plantilla; en mayores obstáculos para ejercer el derecho a una educación superior pública por parte de la sociedad madrileña; en un acusado deterioro de la infraestructura y los laboratorios de los edificios, así como en el de su patrimonio artístico, cultural y museístico; en la pérdida y desactualización de colecciones bibliográficas de sus bibliotecas; y, finalmente, en la merma del prestigio internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Todo ello mientras se apoyan abiertamente iniciativas privadas en el ámbito universitario, dirigidas al enriquecimiento de unos pocos a costa de la mayoría social.

Las evidencias respecto al incumplimiento de sus obligaciones legales por parte de la Comunidad de Madrid son tan abrumadoras que las personas, colectivos, sindicatos, plataformas, asociaciones e instituciones abajo firmantes consideramos que no puede pasar más tiempo sin que el Rector de la UCM, en representación de toda la comunidad universitaria Complutense, defienda adecuadamente nuestros derechos y los de toda la sociedad madrileña en una encrucijada histórica para nuestra querida universidad, reclamando judicialmente la financiación requerida.

Aprobada por la Junta de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM

el 27 de febrero de 2026.

Los siguientes sindicatos y grupos de investigación de la UCM suscriben esta carta: CGT; CCOO; UGT; CNT; Grupo de investigación de Políticas y Derechos Sociales en América Latina y Europa (PoDéS); Grupo de investigación de la cibercultura y los movimientos sociales (Cibersomosaguas); Grupo de investigación de Sociología Ordinaria; Grupo de investigación en antropología, medioambiente y economía (GAME); Observatorio UCM 2030 (Proyecto de investigación UCM); Aplicaciones del Arte en la Inclusión Social: arte, terapia y educación en la diversidad (EARTDI); Grupo de investigación de sociedad, medioambiente y territorio (GISMAT); Grupo de Investigación Charles Babbage en Ciencias Sociales del Trabajo; Grupo de investigación de Empleo, Género y Cohesión Social (EGECO); Grupo de investigación de Antropología de las políticas sociales y culturales (APSYC); Grupo de investigación Brain-bacteria interface (BBI); Grupo de Investigación Movilización, Contienda Política y Cambio Social (MOVICON); Grupo de investigación sobre Transculturalidad, mestizaje y mundialización en el arte de la época contemporánea (TRAMA);  Grupo de investigación de Diseño de políticas: transferencia e innovación social (PoliTIS); Grupo de investigación de Psicología Social: desigualdades, violencia y género; Grupo de investigación de determinantes sociales y culturales de la salud (DSCS); Grupo de investigación de Inclusión, diversidades, diseño universal para el aprendizaje, currículum y tecnología (INDUCT); Grupo de Investigación, Artes, Universidad; Grupo de estudios socioculturales contemporáneos (GRESCO); Red docente PartyGen de la UCM; Grupo de investigación Tropical climate variability and atmospheric teleconnections (TROPA); Labor and Structural Transformations in Spain and the European Union - LAST; Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales (GEMI); Grupo de Investigación en Gestión de Riesgos y Emergencias en Patrimonio Cultural (GREPAC); Instituto Complutense de Sociología para el Estudio de las Transformaciones Sociales Contemporáneas (TRANSOC).

Os animamos a suscribir esta carta a través de este enlace

Somosaguas, 4 de marzo de 2026

Junta de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Universidad Complutense de Madrid